JOAQUÍN MORALES SOLÁ ¿Un gobierno en manos de la Corte?

Legisladores de la oposición clamaban el jueves pasado para que la Corte Suprema de Justicia interviniera con urgencia en la crisis política e institucional. Miembros del propio tribunal de justicia fueron asediados en los últimos días por dirigentes sectoriales con una frase extrañamente coincidente: "La Corte es la única esperanza que tenemos para salir del conflicto".
¿Qué pasó para que los máximos jueces del país cobraran tanto protagonismo en el imaginario político? Un juez de primera instancia había frenado, de manera insólita, una sesión clave de la Cámara de Diputados. Ese asombro tuvo otro capítulo: el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, apeló luego el fallo que beneficiaba a su propio gobierno. El conflicto se agravó aún más en el vértice mismo de la pirámide institucional. El Senado se consumía en una patética parálisis. El Gobierno ratificaba (y la Presidenta lo repitió ayer, de manera indirecta, en un almuerzo en Olivos) que prefiere un Congreso a los gritos, pero sin decisiones. Todas las piezas del tablero institucional estaban, en síntesis, en el lugar equivocado.
Una política navegando en el vacío reclamaba un árbitro; éste es, dicho con palabras directas, el papel que todos aquellos le reclaman a la Corte. ¿Puede hacerlo? En los Estados Unidos, donde abreva gran parte de la jurisprudencia argentina, la Corte Suprema suele arbitrar en momentos especialmente conflictivos. Una diferencia notable es que en Washington esos momentos son excepcionales y muy esporádicos. El ritmo atropellado de la crisis argentina estaría reclamando, en cambio, un arbitraje permanente.
Ejemplos: hasta el martes último, la dirigencia política requería de un pronunciamiento de la Corte sobre el uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo. Dos días después, la prioridad había cambiado: los protagonistas reclamaban que el tribunal les fijara a los jueces las causas y las circunstancias sobre las que están habilitados para resolver. Había sucedido el inédito fallo del juez Enrique Lavié Pico que se incrustó justo en el medio de una sesión de la Cámara de Diputados y que la vació de sentido. La cadena de juicios podría ser infinita. Meter a la Justicia en el Congreso conduce directamente a la paralización del Congreso.
Varios miembros del tribunal están dispuestos al arbitraje en el sentido norteamericano; es decir, a resolver las cuestiones promoviendo un acercamiento de las partes. Pero nunca pasarán por encima del debido proceso judicial. ¿Cómo podrían opinar sobre el polémico fallo de Lavié Pico? No existe ningún caso parecido en los despachos de la Corte ni ésta podría recurrir al per saltum para resolver una situación que sólo anda por los juzgados inferiores. Un arbitraje constante llevaría el gobierno virtual del país a la Corte, pero ninguno de sus miembros está dispuesto a cumplir ese rol.
Lavié Pico se metió en la procedencia de la constitución de una comisión parlamentaria bicameral. Actuó, por lo tanto, contra una vieja doctrina de la Corte Suprema de Justicia; para ésta, no son justiciables las decisiones internas de los otros dos poderes del Estado. La Justicia no debería jamás, para poner un ejemplo extremo, frenar la designación de un ministro, aunque fuere manifiesta su falta de idoneidad. Es cierto que Lavié Pico decidió sobre un exceso de la oposición (ésta cambió los miembros de una comisión luego de haber acordado su integración), pero no debió hacerlo, aún cuando el planteo fuera correcto.
El juez es un hombre joven que tiene buenos contactos con los magistrados más cercanos al oficialismo. Una influencia no menor en la Justicia es también el destello de notoriedad que esta clase de decisiones les otorga a los jueces. La presión del oficialismo es, además, mucho más efectiva entre jueces jóvenes. Nosotros estamos acostumbrados a recibir presiones y a rechazarlas, sin inconvenientes , deslizó uno de los jueces de la Corte. Pero Lavié Pico no se dejó llevar por una simple suposición: el senador krichnerista Miguel Pichetto lo amenazó públicamente con la destitución. Ningún otro juez consultado, ya sea de la Corte Suprema o de estamentos menos cimeros, estaba de acuerdo con la decisión de Lavié Pico.
La Corte dará su opinión en breve sobre los decretos de necesidad y urgencia: para el tribunal es importante la cohabitación del Poder Ejecutivo y del Congreso en la confección de las leyes. En síntesis, aquellos decretos sólo se justificarían en casos verdaderamente graves y excepcionales. Esa visión choca de frente con lo que Cristina Kirchner hizo hace poco, cuando inauguró las sesiones ordinarias del Parlamento anunciando no uno, sino tres decretos sobre las reservas. Esos decretos de la Presidenta decidieron sobre cuestiones que necesitan de leyes y, consecuentemente, de la aprobación del Congreso.
La política, la oficial y la opositora, le están hablando a la sociedad en esperanto. La política argentina se ha convertido en materia de curiosidad sólo para obsesivos y fastidiosos leguleyos. No es una mala estrategia del matrimonio gobernante, que de esa manera le está pasando el costo de su derrota electoral a toda la política. Varios presidenciables van cuesta abajo en las mediciones de opinión pública. Son, sobre todo, los que deben dar la cara frente a la impotencia institucional.
Los Kirchner desgastan al Congreso y a los jueces y preparan, también, nuevas baterías de presión y aprietes. Podría ser una casualidad, pero las empresas del senador peronista jujeño Guillermo Jenefes fueron violentamente agredidas en su provincia por los piqueteros que lidera Milagro Salas, según una denuncia penal del propio legislador. Salas se manifestó contra la línea editorial de empresas de comunicación del senador, pero resulta que Jenefes había notificado a su bloque de que votaría con la oposición en la nueva coparticipación del impuesto al cheque. "Traidor", le escribieron en las paredes de Jujuy. Milagro Salas es una dirigente muy cercana a los Kirchner y al comandante oficialista Luís D´Elía.
¿Por qué sólo ahora la Justicia descubrió que el padre de la jueza María José Sarmiento, que le puso el primer límite serio al Gobierno en el manejo de las reservas, es un militar retirado que podría estar vinculado a casos de violaciones de derechos humanos? ¿Por qué sólo después de un escándalo nacional de varias horas la Justicia se enteró de que ese militar está gravemente enfermo? ¿Por qué, en definitiva, los hijos tienen que explicar durante toda su vida lo que habrían hecho sus padres? La jueza Sarmiento es hija de su padre, como otra jueza díscola, Claudia Rodríguez Vidal, debió soportar que la propia Presidenta ventilara públicamente con quién está casada. La vida privada usada como extorsión de la política.
Cristina Kirchner almorzó ayer en Olivos con legisladores kirchneristas para disciplinar su propia tropa. Su marido ya había volteado un suave acuerdo senatorial entre oficialistas y opositores, en apenas dos horas, el jueves último. La Presidenta fue clara: sólo se aceptarán acuerdos que apoyen al Gobierno. Punto. Y el Gobierno sólo está de acuerdo con la única estrategia clara que tiene: los Kirchner no harán nada para bajar el actual nivel del gasto público. Esos menesteres serán responsabilidad de las próximas autoridades.
La negociación está prohibida por Olivos, pero el matrimonio que gobierna le teme a una sola cosa: el precedente de una deserción entre legisladores del oficialismo. Ningún senador ni diputado oficialista debería, por ejemplo, cruzarse hacia la oposición votando la nueva coparticipación del impuesto al cheque. La primera defección podría abrirles las puertas a muchas más.
Los jueces más importantes del país están seriamente preocupados por otra noticia que pasó inadvertida en el fárrago político: la reforma tributaria que penaría con la cárcel inmediata a infractores. Todos los empresarios quedarán en el patíbulo , se escuchó en la cresta de la Justicia. Los impuestos deben pagarse, aun cuando exista un debate político sobre el grado de presión impositiva de un Estado que despilfarra los recursos públicos.
Sin embargo, las amenazas de persecución y cárcel son extremadamente sospechosas cuando la AFIP se ha convertido en una agencia personal de los Kirchner para acosar a los adversarios del Gobierno y cuando, además, muchos jueces están pendientes del temperamento de Olivos. En efecto, una República sin Congreso es sólo la antesala de nuevas y más graves opresiones.